El tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Catral no tiene intención alguna de admitir el pago de la indemnización de más de un millón de euros que reclama el empresario que promovió el mercadillo El Olivo y que fue clausurado al entender la administración local que no estaba en regla.
La edil de Urbanismo, María Asunción Salinas, consideró que no tiene ningún sentido plantear una reclamación patrimonial al Consistorio «cuando seguimos todo el proceso de forma correcta y fue clausurado al no contar con los permisos en regla», justificó.
Cabe recordar que a principios de mes el promotor de esta actividad ubicada en una parcela rústica de la huerta catralense reclamó a las arcas municipales más de medio millón por el lucro cesante de no haber podido continuar con la actividad, y también buscó recuperar la inversión estimada de 400.000 euros en adecuar las instalaciones, además de una cantidad por daños morales.
Salinas se mostró tajante al explicar que el Consistorio la desestimará y emplazó a que si el promotor de El Olivo se siente agraviado en sus intereses «lo que tiene que hacer es presentar un recurso contencioso en los tribunales porque el Ayuntamiento actuó en todo momento de forma correcta con su clausura, ya que pedir responsabilidades por hacer cumplir la legalidad es inaudito».
La responsable del urbanismo local y portavoz del equipo de gobierno destacó que en el caso de haber alguna responsabilidad con El Olivo «debería ser la del anterior alcalde, que fue quien permitió una instalación para la venta ambulante en un suelo que no estaba habilitado para acogerla», en referencia al exregidor del PP Aurelio Albero.
Del mismo modo la concejal insistió en que nunca hubo ningún plan especial del Ayuntamiento para regularlo «y este empresario corrió con el riesgo de abrirlo sin licencia de apertura ni informes de impacto medioambiental que avalasen su puesta en marcha».
