El empresario que habilitó un mercadillo en unos terrenos de la huerta de Catral hace cuatro años le reclama al Ayuntamiento más de un millón de euros en concepto de responsabilidad patrimonial. El abogado del responsable de esta actividad ha presentado un escrito donde culpa al actual equipo de gobierno tripartito de haberle impedido ingresar más de medio millón de euros desde que se cerraron las instalaciones en el 2013.
En la misma línea, el afectado cifra en más de 400.000 euros la inversión realizada en los terrenos para habilitar un zoco que abría dos veces por semana. El recinto comercial comenzó su actividad antes de contar con todos los permisos de la Generalitat Valenciana, aunque el propietario aseguró que «existen informes favorables de la Conselleria de Industria y Comercio y la licencia de obras está aprobada por silencio administrativo positivo».
En cualquier caso, el tripartito cerró las puertas del mercado donde se realizaban transacciones en su mayoría de objetos de segunda mano. El tripartito ya se opuso cuando ocupaba la oposición a que se abriera un espacio con puestos en un terreno no urbanizable. El anterior gobierno del PP apoyó esta actividad que incluso dijo que podía servir como recinto ferial los días que no hubiera mercado. No obstante, toda la documentación no llegó a estar en regla de manera completa, por lo que el alcalde, Pedro Zaplana firmó un decreto de cierre de.
El afectado también exige 10.000 euros de indemnización en concepto de daños morales, puesto que asegura que sufre un episodio de ansiedad a causa de esta decisión de la administración municipal.
El Olivo llegó a contar con la tramitación de un plan especial de suelo dotacional mixto, que era la fórmula escogida para regularizar un mercado que comenzó su actividad de manera irregular. Por ello, la defensa jurídica mantiene que «se ha sufrido un atropello administrativo al denegar la tramitación de este plan especial»
