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El único municipio al que la Generalitat ha retirado las competencias urbanísticas

8 enero, 2012 by juanperez

El 3 de octubre de 2006, el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, anunciaba solemnemente la retirada de las competencias en materia de urbanismo de las que gozaba el Ayuntamiento de Catral. Esta actuación, admitió en una rueda de prensa, «no tiene precedentes en España, salvo el caso de la Junta de Andalucía, cuando disolvió el Ayuntamiento de Marbella». La Generalitat, de hecho, no ha vuelto a hacer uso de esta facultad y casi tres años después, en julio de 2009, devolvía las competencias urbanísticas al Consistorio.

El alcalde en cuyo mandato se gestó ese desmán, José Manuel Rodríguez Leal, acabó imputado junto a varios miembros de su equipo de gobierno y fue expulsado del PSOE. El ya ex primer edil sigue, sin embargo, en la corporación como portavoz del grupo municipal Socialistas de Catral.
La proliferación de viviendas ilegales en la huerta no es el único asunto que le ha llevado delante de un juez para responder por un supuesto delito. En marzo del año 2010 también tuvo que declarar como imputado por apropiación indebida.
Rodríguez Leal compareció ante un juez de Orihuela tras ser denunciado por el PP por costear supuestamente con dinero público el traslado de una línea de alta tensión que se encontraba en un solar de su propiedad.
Actualmente, esta localidad de la Vega Baja está gobernada por el PP y su alcalde, Aurelio Albero, que afronta su segunda legislatura, y muy pocas cosas han cambiado en el paisaje de la huerta.
Decenas de chalés continúan allí, a medio edificar, como testigos mudos de una época donde el ‘ladrillo’ no tenía freno. La mayor parte de las 1.270 casas declaradas ilegales no ha sido regularizada y centenares de órdenes de demolición dictadas en los últimos años por la Generalitat quedaron en suspenso.
El Gobierno autonómico del PP tampoco ha cumplido algunas de las promesas que siguieron al escándalo urbanístico de Catral, como la elaboración de planes especiales para detectar construcciones ilegales o la creación de un cuerpo especial de funcionarios que lucharía contra estas irregularidades.
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