La verdad
El equipo de gobierno de Catral, que encabeza Aurelio Albero, defendió ayer todo el proceso llevado a cabo en relación a la tramitación del mercadillo El Olivo, que se ubica en plena huerta. Los responsables municipales alegan que la Generalitat Valenciana recomendó tramitar un plan especial de uso mixto para legalizar un bazar que abre dos días a la semana. De este modo, responden a la denuncia que interpuso la concejal del PSOE, María Asunción Salinas, ante el Seprona de la Guardia Civil.
«La actuación es totalmente legal ya que se ha aprobado un plan parcial que recomendó la Conselleria de Territorio», aseguran desde el grupo de gobierno del Partido Popular. Al igual que otros mercadillos que se han implantado en suelo no urbanizable, «pueden ser irregulares pero nunca ilegales». La Ley Urbanística Valenciana (LUV) no comprende estos supuestos, por eso «el propietario siguió las instrucciones de Conselleria para tramitar un plan especial». En este sentido, afirman que se le solicitó al dueño de los solares un proyecto ambiental, arqueológico y acústico, algo que «no se le hubiera pedido si la zona estuviera protegida por alguna declaración medioambiental».
El grupo de gobierno considera que la tramitación del plan especial de uso mixto, por el que el Consistorio podría utilizar esta explanada para actos municipales cinco días a la semana, se ha realizado de forma correcta.
Desde el Partido Popular se considera que «lo que ha recibido este señor son todo impedimentos, porque los boletines de agua y luz deben de aportarse una vez que tengan la licencia de apertura». El primer edil firmó un decreto para que en dos meses la tramitación llegara a un punto, «o se le da la licencia o se le cierra». No obstante, achacan que las trabas que se le ponen al empresario pueden ser de origen racista al ser de ascendencia magrebí.
En cuanto al cierre de las instalaciones, desde el gobierno catralense se explica que «el hecho de que la oposición diga que no tiene derecho a abrir, no significada nada puesto que por encima se encuentra la Ley».
El alcalde Albero, no puede consentir que la iniciativa del empresario moro se desarrolle al margen de la ley española ( … y esto no es racismo ), mientras exige al resto de comerciantes (moros o cristianos)el cumplimiento de la ley.
Dicho mercadillo como actividad económica, como punto de reunión necesita de un control administrativo en general, y unas licencias varias en particular, por ejemplo: de apertura, de actividad, de edificación, de modificación o cambio del uso del suelo . Pero el hecho que haya solicitado estas licencias no le da derecho a poder abrir el mercado , antes debe tenerlas y debe ajustarse a derecho como todo hijo de vecino . Para que la competencia en el tráfico mercantil de cualesquiera promotor sea leal, nunca desleal ( bien sea moro o cristiano ). Así que señor Alcalde a hacer bien las cosas y a cumplir con la ley que se le esta viendo el pelo , cierre el zoco y cuando tenga licencias lo abre .