El exalcalde argumenta sentirse «indefenso» por el curso del procedimiento
El primer edil esgrime que fue llamado a declarar por la supuesta malversación de fondos del técnico y ahora se le quiere juzgar por un presunto delito de prevaricación.
El exalcalde de Catral, Aurelio Albero (PP), ha presentado un recurso ante la Audiencia provincial para intentar evitar sentarse en el banquillo de los acusados junto al contable que él mismo contrató para llevar las cuentas del Ayuntamiento y que está acusado de haberse apropiado de casi 10.000 euros de dinero público. La Fiscalía Anticorrupción y el magistrado del juzgado de Instrucción Número dos de Orihuela han rechazado el recurso registrado por la defensa del exregidor, acusado de prevaricar al contratar de forma irregular los servicios de ese contable, y ahora Albero ha apelado a la Audiencia para tratar de eludir el juicio o, al menos, retrasarlo.
El exalcalde, a través de su abogado, esgrimió en su defensa que él fue llamado a declarar como investigado (antes denominado imputado) por la supuesta malversación de caudales públicos cometida por el excontable y, sin embargo, el Ministerio Fiscal ha pedido para él una pena de 12 años de inhabilitación para cargo público por prevaricar en la contratación del técnico. A este respecto, el letrado de Albero apuntó que, de haber siso acusado desde un principio de esa presunta prevaricación, podría haber presentado otras pruebas para defender su inocencia, por lo que estima que se encuentra «indefenso» en el proceso.
Ese mismo argumento es el que se le presentó al juez que instruye el caso y al fiscal, pero éstos lo desestimaron porque, según éste último, ya pidió 30 de abril de 2015 que Albero declarara como imputado por la comisión e un presunto delito de prevaricación.
Según sostiene la Fiscalía, Albero no pudo mantener el contrato como asesor del técnico puesto que el PP no disponía de mayoría en el pleno y la oposición tumbó esa propuesta. Pero prosigue que «la obstinada voluntad del exalcalde de atribuir a toda costa funciones» a ese técnico, que iba como número 7 en la lista del PP, le llevó a permitir que éste facturase hasta 39.200 euros sin ningún tipo de contrato en un periodo de 14 meses.
«La irregularidad, en referencia a todos los imputados, no es meramente administrativa, sino que reviste los caracteres de infracción penal, dada la importancia y cuantía de las cantidades desembolsadas y la permanencia en el tiempo de la misma», sostuvo el fiscal para impugnar su recurso.
Ahora habrá que esperar a ver qué dice la Audiencia.
