El tripartito que gobierna el Ayuntamiento catralense (Socialistas de Catral, Alternativa por Catral y PSOE) ha contratado a un asesor urbanístico por 18.000 euros más 3.780 euros en concepto de IVA para elaborar un proyecto de regularización de las más de 1.200 viviendas irregulares que se encuentran diseminadas en la huerta.
Hace unas semanas los gestores municipales anunciaron que uno de los requisitos que tendría que cumplir al menos medio millar de propietarios para cumplir con las exigencias del proceso de regularización sería la instalación de depuradoras ecológicas para evitar que se sigan vertiendo las aguas residuales a fosas sépticas. Pero el Partido Popular (PP), en la oposición, cree que se están creando falsas expectativas con todo este asunto porque, según asegura, nadie del equipo de gobierno ha realizado hasta ahora ninguna consulta sobre esta medida a la Conselleria del área, que tendría que dar de forma obligada su visto bueno a cualquier decisión en esta materia.
Desde el grupo popular señalan que no tienen ninguna confianza en que la coalición de partidos que gestiona el Consistorio pueda solucionar el desmán urbanístico que se ha producido en Catral durante los últimas dos décadas, cuando afloraron cientos de construcciones en suelo no urbanizable, precisamente porque cuando se produjo este problema la administración local estaba gobernada por los socialistas, que están integrados ahora en el gobierno de coalición.
El pasado 24 de septiembre el exalcalde popular, Aurelio Albero, y el edil Pedro Mario Vicente acudieron a la delegación territorial de Urbanismo para informar de los planes del Ayuntamiento e interesarse por este asunto.
«Nuestra sorpresa fue que el actual gobierno después de 7 meses no ha hecho ni una sola visita a los servicios territoriales provinciales», dicen los populares. De igual modo, han registrado una consulta a la Conselleria del área para ver si la solución de instalar depuradoras es viable «o por el contrario puede ser un atraso y un coste para las arcas municipales».
Técnico
La oposición del PP ha sacado a la luz que el técnico contratado para realizar el proyecto de regularización de los inmuebles es José Ramón Antón Dopazo, quien se encuentra imputado en un caso relacionado con presunta corrupción urbanística conocido como «Urbielx», con epicentro en el municipio de Elche. Para los populares, la única vía posible para la regularización final de las viviendas de la huerta pasa por iniciar la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
