El Ayuntamiento de Catral impulsará la redacción de una ordenanza para tratar de ordenar la situación urbanística de las más de 1.200 viviendas levantadas en la huerta de forma irregular durante las últimas dos décadas. Las casas se encuentran diseminadas por todo el terreno rústico municipal, lo que hace inviable la construcción de un gran red de alcantarillado para canalizar las aguas residuales, que en su mayoría se vierten fosas sépticas. Así, uno de los requisitos que se exigirá a los propietarios para regularizar sus residencias será la instalación de depuradoras biológicas individuales. Se calcula que al menos 500 casas necesitarán instalar esta maquinaria al no disponer de ningún mecanismo depurativo.
Han pasado ya siete años desde que la Generalitat retiró temporalmente las competencias urbanísticas al Ayuntamiento catralense, gobernado entonces por los socialistas, debido al desastre urbanístico registrado en la zona de huerta de la localidad, donde afloraron como setas más de un millar de viviendas al margen del PGOU. La Conselleria de Urbanismo señaló entonces que la situación irregular en la que se encontraban las casas había supuesto que el Consistorio hubiera dejado de ingresar al menos 80 millones de euros, pues la mayoría de los propietarios no pagaba impuestos y sólo cerca de 300 había abonado la multa por tener una casa en terreno no permitido. La localidad recuperó la competencia urbanísticas tres años después, en 2009, cuando el Consell concluyó que se debían demoler 250 viviendas, algo que finalmente no se llegó a hacer.
Ahora, el equipo de gobierno tripartito que gestiona el Ayuntamiento, formado por APC, PSOE y Socialistas de Catral, se ha marcado el objetivo de poner orden a toda esta situación antes de que acabe la legislatura. El Partido Popular, que gestionó el consistorio durante el anterior mandato y los dos primeros años del actual, cuando el entonces regidor, Aurelio Albero, fue desbancado por una moción de censura, ya intentó poner en marcha un proceso para solucionar este entuerto, aunque no tuvo éxito.
En marzo de 2012, Albero señaló a este diario que el Ayuntamiento de Catral ingresaría cerca de 1,5 millones de euros tras cobrar el IBI de los últimos cuatro años a cerca de mil propietarios de casas construidas en suelo rústico. Era la primera fase de un plan de minimización que consistía en diseñar 10 núcleos urbanísticos, al margen del PGOU, para dotar a sus residentes de infraestructuras como la mejora de la red eléctrica, la adecuación de caminos o la construcción de redes ecológicas para la depuración de aguas.
La actual concejala de Urbanismo, la socialista María Asunción Salinas, mantiene que dicho plan de minimización es inviable y, además, muy caro para los afectados. Asegura que es falso que la gran mayoría de propietarios no esté abonando los recibos del IBI, tal y como le han transmitido desde SUMA. Explica que se ha optado por la fórmula de impulsar expedientes de patrimonialización para regular las viviendas. Salinas calcula que al menos 500 de los propietarios tendrán que instalar estas depuradoras de aguas, que necesitan contar con el visto bueno de la CHS.
La ordenanza municipal a este respecto determinará cuáles serán los requisitos que tienen que tener las casas y, una vez que sus propietarios acrediten que cumplen las exigencias, podrían obtener las ansiadas cédulas de habitabilidad.
