La reactivación de la instrucción del caso Catral, que investiga la construcción ilegal de 1.200 casas en la huerta de este municipio alicantino, quedó ayer en agua de borrajas. El titular del Juzgado número 2 de Orihuela no pudo interrogar a ninguna de las siete personas citadas en calidad de testigos. Dos de ellos, porque desoyeron la orden del magistrado, y los otros cinco por errores del juzgado al tramitar las citaciones.
Los dos testigos que no comparecieron, pese a que sus citaciones sí eran correctas, fueron los dueños de la constructora Aráez e hijos, una de las firmas que mayor número de viviendas ilegales había levantado.
La investigación judicial por la masiva proliferación de viviendas unifamiliares en el término de Catral con licencias para vallado o ampliación de casas de aperos comenzó en agosto de 2005. El principal imputado en este sumario es el exalcalde socialista del municipio, José Manuel Rodríguez Leal.
