Los más veteranos han cumplido una década con luz y agua de obra desde que se mudaron a la huerta de Catral. El complejo entramado urbanístico que dejaron los constructores del municipio no es fácil de desliar.
Más de un millar de infracciones por levantar inmuebles en suelo no urbanizable han prescrito, y en todo este tiempo el Ayuntamiento ha perdido la posibilidad recibir ingresos en compensación a todo el suelo rústico que ha perdido el municipio. Incluso los chalés cercanos al Parque Natural de El Hondo tampoco se han demolido, como así se acordó en los expedientes de la extinta Conselleria de Territorio, que dirigía por entonces González Pons
La situación en la que viven los diferentes barrios ilegales es propia de un país tercermundista. Grupos de ocho o diez casas comparten una misma conexión eléctrica o el contador de agua potable. Esta circunstancia implica que si uno de los vecinos deja de pagar su recibo de agua los demás residentes pierden el suministro con el que cuentan.
El tripartito catralense culpa de la falta de soluciones tanto al anterior gobierno del PP, que lideró Aurelio Albero, como a la Generalitat Valenciana. Una vez que la administración regional asumió las competencias urbanísticas le propuso al Consistorio que redactara un concierto previo para ordenar las 1.200 viviendas rústicas construidas de manera irregular.
El cambio en la gerencia de la Conselleria supuso que el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana no acabaría con el desorden urbanístico. Desde el Consell no se ha vuelto a dar ningún paso en relación al concierto previo que presentó el exconcejal de Urbanismo, Antonio Bellido.
El equipo de gobierno del PP contrató a un urbanista que propuso aplicar diferentes planes de minimización para integrar las promociones de las casas que ocupan en su mayoría residentes británicos, que buscaban vivir en la huerta en lugar de buscar casa en una urbanización cercana a la playa. En muchos casos los extranjeros fueron engañados porque pensaban que comproban una amplia finca, con metros alrededor de la casa, por un precio similar a un reducida vivienda unifamiliar cercana al litoral.
El alcalde, Pedro Zaplana, valoró que «vamos a tratar de aprobar esta ordenanza para que al menos los propietarios pueden obtener una licencia de uso con la que puedan solicitar al menos un contrato de luz o de agua potable». Estos vecinos ya pagan el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), a pesar de que carecen de agua corriente y una toma de energía habitual. Estos barrios también adolecen de alcantarillado, en muchos también falta iluminación, aunque sí que disponen de la recogida de basura.
