El Ayuntamiento de Catral se rebela contra la decisión de la Generalitat de que una ordenanza municipal sirva para intentar regularizar en la medida de lo posible la situación en la que se encuentran centenares de casas levantadas en suelo rústico.
Con esa intención la primer teniente de alcalde y responsable de la Concejalía de Urbanismo, María Asunción Salinas, se reunirá la semana que viene con el director general de Urbanismo, Vicente Dómine, para buscar puntos de acuerdos que fructifiquen en lo que la socialista considera «es un agravio comparativo con lo que sucede en otras localidades». Salinas sostiene que ordenanzas municipales que permiten a los propietarios tener licencias de ocupación que les permitan tramitar servicios esenciales como la luz y el agua existen en otras localidades desde hace un año, como es el caso de Benidorm o Alzira «y en estos casos no se presentó un contencioso para frenarlas», una circunstancia que se da en el caso de Catral.
Para la primer teniente de alcalde «este hecho no impide que el Ayuntamiento pueda seguir tramitando esos boletines de ocupación, porque está recurrida pero no suspendida», aclaró, pero lo que busca el gobierno municipal es «escuchas propuestas viables para poner fin a una situación que es injusta para los propietarios afectados y que tengan cierta seguridad jurídica sobre su propiedades».
Salinas defiende que la medida municipal es factible «porque no implica legalizar casas, solo que los servicios se puedan dar, y solo para aquellos expedientes de legalidad que han prescrito, pero a lo que no estamos dispuestos es que ahora nos salgan con que enviemos nuevos planes urbanísticos y vuelva a pasar el tiempo sin poner soluciones». Asimismo la concejal de Urbanismo lanza reproches al PP local «porque fueron ellos los que entienden que no es legal la ordenanza, cuando durante muchos años de su gobierno no se preocuparon de dar soluciones».
