La Embajada británica mantuvo una reunión hace unos días a tres bandas con técnicos de la Conselleria de Territorio y del Ayuntamiento para definir el futuro de las centenares de viviendas ilegales que se construyeron en Catral,
Según explicó el director general de Urbanismo, Juan Giner, el objetivo es llegar a «posibles vías de solución que no pasen por la demolición, sino por una minimización del impacto de las viviendas».
En este sentido, Giner reconoció que la Embajada está «muy preocupada» por el futuro de las viviendas que están en manos de propietarios de nacionalidad británica, y que compraron «de buena fe», sin conocer la situación legal de las viviendas. Catral ya tiene en marcha la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana que permita regularizar un parque de viviendas que se construyó en la huerta y que incluso vierten sus aguas fecales a las acequias, causando un grave problema medioambiental. En este sentido, se está obligando a las viviendas a que construyan fosas sépticas para minimizar el impacto de los vertidos.
No tiene solución, sin embargo, el daño a la huerta del Bajo Segura tras la construcción de unas 1.300 viviendas ilegales sin servicios y que han sido uno de los mayores escándalos urbanísticos de la Comunitat Valenciana.
Y es que en Catral se construyeron incluso casas en suelo no urbanizable protegido, ya que desde el Ayuntamiento socialista se autorizaron construcciones en el perímetro del parque natural de El Hondo. El problema es que los vecinos de esta localidad -que se han duplicado en los últimos 20 años- quieren servicios que no estaban previstos en ninguna ordenación urbanística. El caso de Catral es extremo, pero hay otros en la Comunitat.
