Siete municipios de la Vega Baja tienen entre manos una complicada decisión para que la Mancomunidad de Servicios Sociales Bajo Segura siga pagando a sus trabajadores sociales y psicólogos, y que las deudas que tiene con la Seguridad Social no obliguen a que este órgano eche el cierre. Los momentos de crisis, la falta de ayudas, y las deudas hacen que la entidad pase por una situación «insostenible».
Algunos ayuntamientos han mostrado su disconformidad con continuar, debido a que hay localidades que no han hecho frente al pago correspondiente de los salarios de los trabajadores. Si bien los pueblos más pequeños prefieren mantener en funcionamiento de este ente supramunicipal, pero siempre con más seriedad a la hora de pagar el seguro de los trabajadores, y sobre todo, con nuevas subvenciones de instancias como la Generalitat y la Diputación.
Los representantes de Benejúzar, Catral, Rafal, San Fulgencio y San Isidro se reunieron para dar una solución a los 16 profesionales que prestan sus servicios en la mancomunidad, con lo que se ha dado un plazo de dos meses, hasta final de año, para ver si se reducen los impagos. Lo que más preocupa es la deuda de más de 200.000 euros que pesa sobre el Consistorio de Catral, al no abonar sus cuotas como socio del ente.
Esta importante cantidad, junto al retraso de varios años en efectuar el ingreso correspondiente al Ministerio de Trabajo, provocaron que municipios como San Fulgencio quisieran marcharse.
Desde la administración sanfulgense se consideran excesivos los cerca de 90.000 euros anuales que deben abonar por disponer de dos trabajadores sociales y un psicólogo varias horas a la semana. Así, desde este Ayuntamiento valora como un gasto innecesario los 7.900 euros al mes, porque «incluso los trabajadores no están aquí todos los días para prestar servicio», apuntan
Si San Fulgencio abandona la Mancomunidad Bajo Segura, Rafal le seguiría lo pasos. La entidad rafaleña contrae una deuda con la Seguridad Social, que supone unos 70.000 euros, aunque se asegura a que el órgano mancomunado todavía tiene validez.
Por su parte, en San Isidro, los problemas son otros, como el servicio Tapis para niños discapacitados, del que se benefician otras localidades que no están mancomunadas, y que este municipio entiende deberían aplicar una tasa a niños foráneos.
